A propósito de las movilizaciones estudiantiles recientes
Hoy día en Chile miles de estudiantes y docentes secundarios y universitarios están reclamando una reforma del sistema educativo, mayor financiamiento público y cambios en el acceso a la universidad.
Detrás de la crisis actual, hay un sistema educativo que se ha convertido en un campo de intereses económicos con muchos sectores involucrados, producto de un proceso de privatización creciente a partir de los '80, en plena dictadura, que luego siguió en aumento con los gobiernos socialdemócratas de la Concertación.
Detrás de la crisis actual, hay un sistema educativo que se ha convertido en un campo de intereses económicos con muchos sectores involucrados, producto de un proceso de privatización creciente a partir de los '80, en plena dictadura, que luego siguió en aumento con los gobiernos socialdemócratas de la Concertación.
Antes de los '80, en Chile el Ministerio de Educación manejaba la administración educativa y teníamos un 90 por ciento de educación pública con financiamiento del Estado. Desde el '81, el sistema de administración escolar pasa a manos de los municipios. Junto con esto cambia también el sistema de financiamiento, que empieza a pensarse a partir de la demanda. Los establecimientos educacionales se financian con un monto que se define por alumno. Entonces si disminuye la matrícula, disminuye el financiamiento, y así empieza a funcionar en la educación la lógica del mercado, la demanda y la competencia.
Ambas reciben el mismo financiamiento público. La diferencia es que las escuelas privadas pueden, además, cobrar a las familias. Y como si esto fuera poco, tienen un sistema exclusivo de elección de alumnos. Además, opera un Sistema de Medición de Calidad de la Educación (Simce), que mide el aprendizaje de los estudiantes de modo estandarizado. Entonces empieza toda una campaña en la prensa donde los establecimientos públicos tienen malos resultados, cuando lo que sucede en realidad es que en la escuela municipal se concentra la población de mayor pobreza.
El resultado es un sistema absolutamente segmentado, donde los colegios privados seleccionan a los alumnos con mayor nivel sociocultural y mejor rendimiento. Se pierde la democracia de lo público pues ya no se comparte con otro distinto; cuando el aprendizaje se produce en contextos de heterogeneidad. Mientras hasta 1990 teníamos alrededor del 75 por ciento de educación pública, hoy en Chile sólo el 37 por ciento de la matrícula total se encuentra en instituciones públicas, y lo que se prevé es seguir bajando, hasta que el sector público llegue a ser de un 30 o un 25 por ciento.
En Chile no existe educación superior gratuita. Las universidades públicas tienen que autofinanciarse, a través de la matrícula y aranceles que pagan los alumnos (en promedio USD 5500 al año), porque el Estado les entrega un financiamiento basal directo, en promedio, de solo un 12 por ciento. Hay un porcentaje de alumnos con becas, pero muy bajo. También se puede acceder a un crédito con aval del Estado, pero con altas tasas de interés.
Por otra parte, a partir de 1980, empieza el crecimiento desenfrenado de las universidades privadas, que en Chile prácticamente no existían. Aun cuando el lucro se encuentra expresamente prohibido en la ley, se inicia un crecimiento escandaloso del negocio lucrativo de la educación superior bajo distintos subterfugios.
Toda la educación superior privada recibe fondos públicos. El Estado entrega un aporte fiscal indirecto subvencionando a las universidades por número de estudiantes con altos puntajes en la prueba de ingreso a la universidad. Por otro lado, la educación técnica superior se privatizó completamente, se vendieron o entregaron en concesión a las empresas privadas, sin recibir subsidio alguno del Estado, cuando es ahí, donde va la gente que no puede ingresar a la universidad.
Un escenario complejo
Nuestro modelo de desarrollo económico y político se sustenta sobre la Constitución impuesta en 1980, en plena Dictadura, donde priman los derechos privados y de mercado, por lo que se requieren cambios legislativos de fondo.
La Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), promulgada por el dictador Augusto Pinochet el día antes de dejar su cargo, en 1990, consagra lo iniciado en los '80: municipalización, cambio en el financiamiento y privatización.
Tras las grandes movilizaciones estudiantiles del 2006 (revolución pingüina), el 2009 se hace una reforma y la LOCE es reemplazada por la Ley General de Educación (LGE), cuyo primer proyecto parecía tener buenos principios, pero bajo un acuerdo entre las cúpulas políticas, terminó siendo una ley peor que la anterior, consagrando el lucro y la selección. Después de ello, han salido nuevas leyes complementarias, que clasifican a los colegios de acuerdo con sus rendimientos: regulada a través del premio, el castigo y el incentivo.
Hoy los distintos actores movilizados demandan un cambio sustancial del actual modelo chileno.
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ESTRADO - CHILE
